En un golpe para la regulación de las multinacionales en la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia han bloqueado una ley que buscaba hacer cumplir los derechos humanos y mitigar el impacto negativo de las grandes corporaciones en terceros países. La directiva de diligencia debida, que contemplaba multas por abusos como trabajo infantil, explotación laboral y daño medioambiental, no logró la mayoría necesaria para su ratificación.
Este rechazo, liderado por Alemania y secundado por Francia e Italia, ha frustrado los esfuerzos por responsabilizar a las grandes empresas por sus acciones y las de su cadena de suministro en términos de sostenibilidad y derechos humanos. La normativa pretendía imponer obligaciones para combatir la explotación laboral y la contaminación, entre otros aspectos, con multas de hasta el 5% del volumen de negocios de las compañías.
Las empresas afectadas serían aquellas con más de 500 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 150 millones de euros, o con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones de Euros en ciertos sectores. Cada país tendría que designar una autoridad supervisora para garantizar el cumplimiento de las normas.
El argumento principal del bloqueo, liderado por los liberales alemanes, es que la nueva directiva implicaría una carga burocrática adicional para el comercio.
Esta decisión ha provocado decepción entre las fuerzas progresistas en la Eurocámara y las organizaciones sociales, quienes lamentan la falta de acción para proteger a las personas y al planeta.
En palabras de Heidi Hautala, vicepresidenta de Los Verdes, este bloqueo representa un “día triste para los derechos humanos, el medio ambiente y la competitividad de las empresas europeas”, criticando a los estados miembros por romper el acuerdo a último momento.
